Este es un informe de la fundación Poder Ciudadano sobre el preocupante aumento del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires destinado a publicidad oficial en medios de comunicación.
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(INFOCIVICA, Buenos Aires, 30 de julio de 2007). El uso de la pauta oficial con fines proselitistas fue un tema de no poca discusión en las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Las acusaciones contra el Jefe de Gobierno Jorge Telerman llovieron, a propósito de la utilización de las frases “Actitud+BA” y “Gestión Telerman” en la publicidad oficial durante la última campaña electoral porteña. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad entendió que la propaganda institucional del Gobierno de la Ciudad “no inducía al voto”. Sin embargo, para la Fundación Poder Ciudadano, las cifras de la publicidad oficial de 2006 y 2007 hacen sospechar que existe, en efecto, una relación entre la propaganda institucional y la campaña electoral. Una relación capaz de explicar un aumento de casi un 44% en este cuestionado rubro en sólo cuatro meses. Este cálculo, sobre el que la ONG fundamenta sus interpretaciones, incluye el período comprendido entre enero y abril de 2007.
En concreto, se observa que, en febrero de este año, el gobierno de la Ciudad destinó a la publicidad oficial un 50% más que en igual mes de 2006. En marzo, se gastó un 133% más que en marzo del año pasado; en abril, el aumento fue de un 86% respecto del mismo mes de 2006. Los datos de mayo (el mes que podría considerarse el más importante por su cercanía con la elecciones porteñas del 3 de junio pasado), aún no estaban disponibles al cierre de esta nota.
Para Laura Alonso, Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano, el tratamiento de este tema debería ser prioritario, ya que la publicidad de los actos de gobierno introduce indirectamente fuertes desequilibrios en la competencia. “El uso discrecional de la publicidad oficial en años electorales podría tender a captar el sufragio en favor de determinados candidatos y en perjuicio de otros. Ello dañaría uno de los principios básicos de la democracia electoral: la igualdad de oportunidades en la competencia”, explicó.
Alarma: Elecciones Nacionales
Si la relación entre campaña y publicidad oficial que se observó en las elecciones porteñas se trasladara al Gobierno Nacional, el aumento del gasto podría trepar aún más de lo que lo ha hecho en los últimos años. En verdad, sólo con que el aumento porcentual se mantenga en torno a los niveles del año pasado –que no fue electoral-, la suma de la pauta superaría los 300 millones de pesos. De acuerdo a cómo se utilice esta pauta, se introducirían los “desequilibrios en la competencia electoral” a los que hace alusión Alonso. Estos datos surgen de una nota publicada el 23 de julio pasado por Infocívica, en base a los análisis de Poder Ciudadano.
En ella se señaló que el gasto en la pauta oficial de 2006 había aumentado un 65% respecto del año anterior y se había más que triplicado respecto de 2003. Nada hace suponer que el ritmo de crecimiento de la publicidad oficial vaya a encontrar un freno ahora. Todo lo contrario: en el presupuesto 2007 aprobado por el Congreso de la Nación, la pauta de los clientes “centralizados” (que presupuestariamente forman parte de la Secretaría de Medios y Comunicación de la Nación) alcanza los 202.792.000 pesos, lo que representa un aumento del 43,26% si se lo compara con el presupuesto de 141 millones de 2006. Para llegar al gasto total estimado de la pauta oficial 2007, aún se le debe sumar a este monto la publicidad de los organismos descentralizados (que tienen sus propios presupuestos). Durante 2006, éstos representaron más de un 25% del gasto total.
Por otro lado, como ya fue demostrado en otros análisis de la Fundación, la ejecución presupuestaria no necesariamente se condice con lo planificado. En 2006, esa desviación fue de un 10% más para los centralizados.
Con este peligro en mente y teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones de octubre, Laura Alonso recalcó una de las propuestas que impulsa Poder Ciudadano para fortalecer la transparencia en el financiamiento electoral y asegurar igualdad en la competencia. “Invitamos al Ejecutivo a suspender la contratación de publicidad durante los noventa días de la próxima campaña electoral presidencial”, concluyó.
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