Con el 7D como un hecho político extraordinario para la discusión de lo público en la Argentina, resulta difícil no marearse desde lo alto del debate.
Es que la “guerra” entre el Gobierno y el grupo económico Clarín quita todo matiz posible para analizar la relación de poderes, en este caso, la del poder político con el poder económico y mediático. Es que, en definitiva, estamos hablando, de una guerra de poderes. El inconvenientes para los mortales como nosotros es adoptar posturas que terminen por apoyar un poder u otro. Como los poderosos suelen tener suficientes armas para defenderse, prefiero dejar que se las arreglen solos, ya que, el objetivo, debe ser defender a quien no tiene elementos como para ejercer sus derechos. En definitiva: más allá del 7D, es conveniente mirar a la Ley de Medios desde una perspectiva por fuera de los poderosos: si no, la discusión queda acotada a sólo dos artículos de la ley: el 45 (que legisla acerca de la multiplicidad de licencias de un mismo dueño) y el 161 (que fija las condiciones de adecuación de aquellos que están fuera de los parámetros de la ley).
Una mirada necesaria, por ejemplo, es hacia la asignación del espacio radioeléctrico. El reparto en tercios de las frecuencias (Estado, Privados, Organizaciones Sociales), de acuerdo al artículo 89 de la norma, despertó en su momento el lógico entusiasmo de muchos comunicadores que vienen haciendo su trabajo por fuera del “negocio de los medios”. Para ellos se garantizó un piso esencial: el derecho a tener un medio de comunicación sin medias tintas legales y sin estar a merced de las prebendas políticas del gobernante de ocasión. Sin embargo, la batalla política por las frecuencias dejó en un segundo plano este derecho.
Es aquí en donde pensamos que la Ley de Medios atesora trozos sustanciales e inéditos de legalidad para el funcionamiento de numerosos medios legítimos que aún no encontraron su regulación correspondiente. Es decir: sólo refiriéndonos a la cuestión de la “reserva del espacio radioeléctrico” ponemos en evidencia que la ley es mucho más que una discusión por la “adecuación” o la “desinversión”.
Pensemos a la ley parados al revés, sobre nuestras cabezas: será entonces cuando veremos a lo importante por encima de lo urgente. Más que discutir sobre “adecuarse y desinvertir” pensemos en “adaptarnos e invertir” para sumar nuevos actores a la comunicación argentina. Llenar el aire de señales nuevas, profesionales y propositivas acotará al menos en parte a los poderosos mediáticos. Como dice un spot oficial emitido en estas últimas semanas, no se trata de silenciar a Tinelli sino de permitir que otros “Marcelos” tengan su derecho a decir algo.
Ahora aclaremos lo siguiente: ese objetivo de muchos “Marcelos” será así siempre y cuando tengan capacidad profesional para hacerlo, con un mensaje de interés y con la financiación necesaria, no sólo del Estado, sino también del sector privado. No idealicemos a la Ley de Medios como la herramienta “para los desposeídos”, solamente. También pensemos a la norma en cuestión como el vehículo para potenciar a la comunicación desde la pequeña y mediana empresa, desde las cooperativas o desde otros modos de participación social. Muchas empresas familiares, por ejemplo, sucumbieron ante el pesado brazo de los grupos multimediáticos. Si esta ley de medios de la Democracia logra contener esos atropellos, será una norma que vaya mucho más allá del 7D.
Nuestro desafío es que esta ley no sea campo de batalla de un gobierno de turno, sino el escenario para la comunicación plural, libre y democrática de todo un pueblo.
Por eso, como acompañamos en 2009, hoy una vez más celebramos a la Ley de Medios de la Democracia, a pesar de las cautelares y de las interminables presentaciones judiciales. Las buenas leyes perduran y superviven a sus mentores e impulsores, y benefician aún a sus detractores.
La historia nos dará la razón.
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