miércoles, 25 de marzo de 2009

La experiencia progresista, bajo la presión restauradora-liberal

En la Argentina se sigue debatiendo en sede parlamentaria el adelantamiento de las elecciones legislativas de este año.

El proyecto, ya con media sanción de la Cámara de Diputados, sigue su curso ahora en el Senado, con pronóstico favorable para su aprobación definitiva.

En caso de obtener el aval parlamentario, las elecciones legislativas 2009 pasarán del 25 de octubre al 28 de junio.

¿Qué justificación existe para concretar este cambio?

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner adujo razones de crisis; las consecuencias de la debacle mundial podrían impactar durante los próximos meses y encontraría al país inmerso en un debate electoral que complicaría la situación interna, según se argumentó oficialmente.

Pero, ¿cuáles son las razones de fondo para avalar semejante adelanto eleccionario?
Las lecturas deben ser más bien internas.

La confrontación entre gobierno y patronal campestre revela una de las cuestiones esenciales que vive el debate político argentino desde hace un año.

El punto de acuerdo todavía no alcanzado entre las partes fortaleció a otros actores; son los sectores políticos hasta entonces eclipsados por la hegemonía kirchnerista; el oportunismo de dirigentes como Carrió, Macri, Cobos y otros surgió como hongos después de la lluvia; y todavía pervivien pese al tiempo.

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Desde marzo de 2008, los patrones agropecuarios locales avanzaron una y otra vez sobre los derechos de libre tránsito, y sobre la garantía del abastecimiento interno de alimentos, además de poner en riesgo la autonomía política del gobierno de turno en materia de política agropecuaria.

Como consecuencia se observa una preocupante valoración negativa desde los sectores de interés para con las instituciones democráticas.

Aquella reacción del campo fue, sin dudas, emergente del clima de época forjado por el estilo de gobierno kirchnerista, siempre decidido, polémico, frontal y algunas veces con la osadía de avanzar sobre la calidad y transparencia en el funcionamiento de ciertas instituciones estatales.

Las consecuencias de este choque político-ideológico entre gobierno e intereses exportadores volvieron a instalar en la sociedad argentina la antinomia Estado- no Estado, tomando como precepto no escrito aquello de que "como gobierna un gobierno corrupto, mejor que no haya gobierno ni decisiones de Estado que tomar".

El emergente de este debate vuelve a poner la cuestión de lo público en un plano de sospecha; la resultante termina constituyéndose en un clamor para que precisamente lo público se repliegue y deje lugar "a los libres intereses privados” que todo lo solucionarán en la contienda del mercado, es decir entre oferta y demanda.

Experiencias de libremercado y ausencia estatal fueron las que campearon en Latinoamérica durante las décadas de los 80 y 90; sus consecuencias todavía son pagadas por los pueblos de esta región, en formato de pesadas deudas económicas, políticas y sociales que parecen no poder ser erradicadas con políticas de corto plazo.

Si los movimientos progresistas regionales no han logrado todavía poner sobre la mesa una solución efectiva a las consecuencias del modelo neoliberal, habrá que preguntarse si el retorno de la ideología de mercado podrá (cumplir con promesa abandonada de) ser efectiva para la inclusión social de millones de latinoamericanos expulsados del sistema.

Las experiencias que derivaron en el fin del modelo neoliberal a nivel mundial parecen demostrar, en el actual contexto de crisis planetaria, que la salida deberá ser de una nueva índole superadora del mercado sin control a ultranza.

Sin embargo las advertencias deben ser planteadas particularmente a los gobiernos progresistas a quienes el tiempo de gobernar pareciera no alcanzarles ante la intriga constante de las hegemonías conservadoras.

Un accionar tardío de los gobiernos de izquierda y de centroizquierda latinoamericanos puede significar el fin de la actual experiencia regional; la alternativa liberal siempre estará al asecho pese a haber demostrado el desinterés de su receta liberadora en generar mecanismos de inclusión social para millones de marginales.

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