La inquietud fundamental reproducida en la prensa argentina es saber si de este diálogo surgirá algún acuerdo que dirima la cuestión agraria y que destrabe el difícil entramado político que se constituyó desde marzo del año pasado con la cuestión retenciones.
De parte de los patrones rurales argentinos está planteada la urgencia de destrabar las exportaciones agropecuarias; de parte del gobierno K la prioridad es garantizar el flujo de ingresos vía impuesto a las exportaciones de materias primas para sostener un amplio conjunto de medidas de apoyo estatal a distintos sectores económicos y sociales.
Será difícil determinar el punto medio de la negociación, pero es fundamental poner las cosas en su lugar. Sin embargo, hay una mirada, que es la social, que encuadra el debate en términos de responsabilidad política ante la crisis mundial y su indeterminado impacto en la región.
Si, tal como pretende la dirigencia agropecuaria argentina, se abren irrestrictamente las exportaciones locales el impacto en los precios internos puede ser más incierto que el golpe de la crisis internacional en la Argentina.
Este país vivió en 2008 el drama de la disparada del precio de los alimentos como consecuencias de una ineficiente política de precios internos por parte del gobierno y el desabastecimiento provocado por la sucesión de lock outs patronales del campo argentino.
Esa lucha entre agro y gobierno devaluó en al menos un 30 por ciento el poder adquisitivo (es decir el salario real) de los trabajadores de menos ingresos que destinan más del 80 por ciento de sus ingresos para comprar alimentos.
Ante esta historia reciente sólo cabe esperar que de la negociación gobierno-campo surja una fórmula del consenso en beneficio de los sectores más vulnerables de la Argentina.
La patronal agraria argentina supo hacerse de las herramientas de lucha de esos sectores sociales como el corte de ruta, la ocupación de propiedad privada y el discurso encendido contra el sistema de gobierno. Es de esperar que, de seguir en esta postura, dicho sector económico entienda que el final de su pelea no debe jugar en contra de esa significativa porción de argentinos pobres que ronda el 30 por ciento de la población. Asimismo, el gobierno argentino deberá demostrar que su férrea defensa de las retenciones a las exportaciones agropecuarias no constituye un mero mecanismo de acopio de recursos fiscales para sostener su red de alianzas políticas, sino un genuino derecho como Estado para tomar dinero de quienes más ganan para entregar a quienes menos tienen.
No fue casual que dirigentes del campo como Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, advirtiera que en la Argentina kirchnerista no sólo ganó el campo sino también las entidades financieras. Éstas, lograron rentabilidad de más del 80 por ciento hasta el año pasado con tasas cuasi-usurarias para créditos personales del 55 por ciento, del 35 por ciento para los denominados “giros en descubierto” bancarios y del 30 por ciento para créditos hipotecarios.
Ante las crisis, la responsabilidad se transforma en un valor a ser alcanzado y cumplido por todos los sectores que, hoy por hoy, pueden y deben entregar algo de lo que obtienen como ganancia. De ahí a la auténtica solidaridad social hay solo un paso.
publicado en www.uruguayaldia.com
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